La pandemia por COVID-19 en Argentina ha suscitado cuestiones como el impacto de ésta sobre los tratamientos médicos de alta complejidad, debido a que éstos son importados, suponen un gran costo para la seguridad social, al punto que vuelven inviable la cobertura de muchos.
Un informe reciente realizado por el Centro de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (CETSA), dependiente de la Universidad Isalud, Buenos Aires, Argentina, afirma que los costos de tratamientos de alta complejidad podrían bajarse si se incluyesen los medicamentos biosimilares en el sistema nacional.
El CETSA de la Universidad ISALUD es una organización sin ánimo de lucro que nació desde la voluntad de distintos actores, tales como representantes de obras sociales de encontrar un lugar de capacitación y consultas dentro de un ámbito académico, como lo es la Universidad ISALUD, y cuenta con años de experiencia en el ámbito de la salud pública argentina. La evaluación de tecnologías sanitarias y la educación médica son las áreas que conforman el núcleo de CETSA. Su misión principal se halla en conformar y organizar programáticamente un equipo de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Según el CETSA, si se usan estos fármacos en el sistema de salud argentino se lograría un ahorro de 12,6 millones de dólares. La introducción de estas terapéuticas en mercados internacionales implicó un ahorro estimado de 10 mil millones de euros entre 2016 y 2020 en cinco países de Europa (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido). La experiencia en Europa sugiere que, al optimizar el presupuesto sanitario, los sistemas de salud disponen de más fondos para invertir en innovación y en otras áreas de salud como el diagnóstico, la prevención, las tecnologías, la capacitación de sus profesionales y expandir la oferta y el acceso de servicios para pacientes y profesionales de la salud.
La directora del CETSA-Isalud y consultora en priorización de intervenciones en salud del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Natalia Jorgensen, explicó que la comunicación y la educación en biosimilares es un aspecto fundamental para generar la confianza necesaria en toda la cadena de valor. La directora explicó que en Argentina la introducción de biosimilares es más difícil porque el sistema de salud está muy fragmentado y no se tiene una política nacional de biosimilares, por lo que su introducción depende de cada uno de los financiadores, incluyendo por ejemplo la decisión que tome cada una de las 290 obras sociales nacionales (ONGs), las 24 obras sociales provinciales y el sector público. Así, el proceso es más lento y, probablemente, el impacto económico que uno observe sea menor.
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